Evento: «Casos de justicia universal ante crímenes y violaciones de derechos humanos: lecciones para Nicaragua»


Evento: «Casos de justicia universal ante crímenes y violaciones de derechos humanos: lecciones para Nicaragua»


La salida pacífica de la crisis que padece Nicaragua desde abril de 2018, esta vez, debe ser diferente. Las y los nicaragüenses merecemos romper el círculo en el que parecemos estar atrapados, desde que nacimos como Estado independiente hace 200 años. Desde entonces, el país se ha visto desangrado por un encadenamiento de conflictos armados y pactos políticos que han llevados a amnistías. En años recientes, las amnistías han impedido que se avance en la construcción de un Estado de derecho y una sociedad democrática. Además, han garantizado la impunidad a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez sectores de la sociedad nicaragüense reivindican el valor de la justicia frente a posibles acuerdos políticos que reediten la impunidad de los perpetradores. Sin embargo, la captura del Estado por parte de Daniel Ortega -en particular del Poder Judicial- hace prácticamente imposible que el Estado cumpla con la obligación de investigar y juzgar a los culpables. Por este motivo, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que “la vía para el ejercicio de la competencia universal por crímenes de lesa humanidad está expedita” (pag.236).

El objetivo de este conversatorio es explorar procesos de búsqueda de justicia al amparo de la justicia universal, que en distintas partes del mundo han logrado establecer responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, y extraer lecciones que contribuyan a la construcción de un horizonte de posibilidades en la aplicación de la jurisdicción universal en Nicaragua.

Los contenidos de este foro se centran, principalmente, en los siguientes contenidos: Los caminos de la justicia universal. Los panelistas harán un recorrido por la justicia universal en base a sus experiencias en distintos países. Será un intercambio entre ambos que hará énfasis en los obstáculos, las oportunidades y las circunstancias (políticas y geopolíticas) que influyeron en cada caso.  El propósito de esta revisión será comprobar qué ocurre en la práctica cuando se aplica la justicia universal, la brecha entre la doctrina y la política, entre lo deseable y lo posible. Lecciones para el caso nicaragüense.  Derivado de esta primera parte del evento, los ponentes intercambiarán puntos de vista acerca de los posibles escenarios para la aplicación de la jurisdicción universal para Nicaragua, tomando en cuenta otros casos en Centroamérica.

Participarán en este foro: Almudena Bernabeu, abogada, directora ejecutiva del Centro Guernica para la Justicia Internacional; y, Reed Brody, abogado, ha sido director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, actualmente consejero y portavoz. Moderará este foro Carlos Dada, fundador y director de El Faro, en El Salvador.

El evento se retransmitirá en directo en el canal de YouTube y Facebook de Divergentes

5 de mayo de 2021, 10:00 am (Nicaragua), 18:00 horas (España, CEST)

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Organizan: Coalición por la Justicia en Nicaragua y Divergentes


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En Nicaragua en el 2000 se produjo un pacto entre caudillos políticos que repartió los puestos judiciales entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Esto supuso una estocada al Estado de derecho. Desde ese momento, el sistema de administración de justicia se convirtió abiertamente en parte del botín que se reparten los dos principales partidos, perdió su carácter de garante de los derechos ciudadanos y cambió la universalidad por el particularismo, en favor de personas adscritas a determinadas corrientes políticas. Su consecuencia inmediata fue la derogación de facto del artículo 27 de la Constitución de la República que consigna la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección y protege contra la discriminación por motivos políticos.

De aquellas componendas, emanan los quebrantamientos de principios básicos del Estado de derecho y las diversas situaciones de abuso de poder producidas en 2018 durante la represión a las protestas sociales iniciadas en abril de ese año. En ese momento –y hasta ahora– el Poder Judicial, lejos de cumplir con su mandato de protección de los derechos ciudadanos, ejerció como una pieza más del engranaje represivo del gobierno de Daniel Ortega.

El nivel de desprotección de la ciudadanía en Nicaragua es sumamente grave. El poder judicial, que debería brindar recursos efectivos de protección de derechos, participa de la dinámica de persecución y victimización desplegada por el régimen. Además, esta dinámica represiva y de cooptación del Estado y sus instituciones ha provocado una profunda polarización, temor y desconfianza.

Nuestra demanda o exigencia de justicia está basada en las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. No es un reclamo partidista ni forma parte de un arsenal de negociación. Tampoco es un llamado a la venganza o la revancha.