¿Por qué demandamos el acceso a la justicia?

En abril de 2018 estalló una crisis sociopolítica en Nicaragua de consecuencias imprevisibles. Las tensiones entre el gobierno y la sociedad, acumuladas durante 11 años por las repetidas violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho, desembocaron en protestas masivas en distintas ciudades del país.

La respuesta del gobierno fue la represión violenta de las manifestaciones mediante el uso de la fuerza desproporcionada por parte de grupos estatales y paraestatales: al menos 350 personas fueron asesinadas y 2.000 personas heridas y torturadas.

Desde entonces la represión no ha cesado. A lo largo de este tiempo más de 80.000 personas han tenido que exiliarse y las detenciones arbitrarias han continuado hasta llegar, en su peor momento, a más de 800 presos y presas políticos. Muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras siguen en prisión o sufriendo hostigamiento y amenazas y tienen restringidos sus derechos. 

En este proceso de criminalización y persecución contra manifestantes, líderes sociales opositores (estudiantes, campesinos, feministas, indígenas, afrodescendientes periodistas y personas defensoras de derechos humanos), las mujeres y personas LGTBI han sufrido violaciones y otros actos  de violencia sexual.

Diversos organismos internacionales han considerado que todas estas conductas del Estado nicaragüense podrían considerarse, conforme al derecho internacional, crímenes de lesa humanidad ya que se habría producido un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, tal y como demuestra la extensión geográfica y temporal de los hechos, la cantidad de víctimas, la gravedad de las acciones de represión y la existencia de ciertos patrones repetidos de conducta, mediante el uso de recursos del Estado y basados en una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal.

A lo largo de los casi 200 años de historia de Nicaragua, el país se ha visto desangrado por  una concatenación de conflictos armados y pactos políticos que conllevan amnistías, lo que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido y han garantizado la impunidad a responsables de graves  violaciones de derechos humanos.  

En la CJN estamos convencidos de que esta vez ha de ser diferente. Necesitamos justicia, reparación y verdad para todas las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Necesitamos construir una paz justa y duradera. Necesitamos acabar con la cultura de la impunidad para que en el futuro no se repitan estas violaciones de derechos humanos.

El Gobierno no solo se niega a ello, sino que además ha impulsado acciones, como la ley de amnistía de 2019, que tienen un carácter sesgado y solo reconocen como únicas  víctimas a sus simpatizantes sus funcionarios/as y sus agentes paraestatales. Incumple así sus obligaciones internacionales que ordenan al Estado reparar de forma integral a las víctimas e  investigar, enjuiciar y sancionar a quienes sean responsables de graves violaciones de derechos  humanos. 

Frente a esto, en nuestra búsqueda de la justicia nos inspiramos en otras iniciativas que han logrado que se juzgue y condene a los responsables de violaciones de derechos humanos o que se abran procesos judiciales contra ellos como la reciente condena en España por  el asesinato de seis jesuitas y de su empleada doméstica y la hija de esta en San Salvador en 1989, la apertura en Alemania del primer juicio por las torturas a miles de sirios por parte del régimen de Bashar al-Assad, o la detención en Francia de Félicien Kabuga, fundador de la Radio Mil Colinas, emisora que incitó al odio en el genocidio de Ruanda en 1994.