INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS | Situación de los derechos humanos en Nicaragua (Febrero 2021)


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Sobre la situación en Nicaragua | Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Febrero 2021)

Este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos muestra una panorámica de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Se centra en las crecientes restricciones del espacio cívico y la persistente impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas de 2018. También destaca el impacto de la pandemia de la covid-19 y de los huracanes en los derechos humanos. Por último incluye una serie de recomendaciones.

Han pasado casi tres años desde el estallido de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril de 2018. La OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documentaron múltiples formas de represión y violencia que dejaron más de 300 personas muertas y 2.000 heridas en el contexto de las protestas, mientras que al menos 1.614 personas fueron arbitrariamente privadas de su libertad. Desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países, incluidos unos 25.000 durante el período que abarca el informe. La crisis ha adquirido dimensiones económicas y humanitarias, exacerbadas por la pandemia de enfermedad por coronavirus y, en noviembre de 2020, por los huracanes.

INFORME |La Ley de amnistía de 2019 (Ley número 996 de Nicaragua): una norma que promueve la injusticia


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La Ley de amnistía de 2019 (Ley número 996 de Nicaragua): una norma que promueve la injusticia

En junio de 2019, se aprobó en Nicaragua la denominada Ley de Amnistía (Ley número 996) en el marco de una convulsa coyuntura: crisis política y social, y criminalización de la protesta social.  Además, esta medida legal entró en vigor cuando se estaban produciendo una serie de excarcelaciones de personas que habían sido privadas de libertad de manera arbitraria –procesadas por conductas sin sustento penal o por ejercer sus derechos y libertades– desde que en abril de 2018 se iniciará un ciclo de protestas contra el régimen de Daniel Ortega.  

En este sentido, es importante destacar que el Estado ha utilizado algunas disposiciones de esta norma para dar un trámite alternativo a procesos penales que él mismo usó como herramienta de persecución de la disidencia. Una amnistía para personas represaliadas por el Gobierno no es una medida adecuada para responder a la criminalización de la protesta social, a las detenciones arbitrarias y a otras violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la privación de libertad de estas personas. Además, la aplicación de dicha ley ha estado marcada por la arbitrariedad y una alta dosis de inseguridad e incertidumbre, lo que teje una situación jurídica que las mantiene sometidas a la amenaza del uso arbitrario del derecho penal por parte del Estado.   

Más preocupante aún, si cabe, es que la Ley número 996 también erige un obstáculo total a cualquier pretensión de investigación o judicialización de conductas criminales cometidas entre el 18 de abril de 2018 y el 8 de junio de 2019 por parte de agentes estatales, funcionarios públicos y particulares que se desempeñaron al amparo del Estado. Por tanto, es una ley que avala oficialmente la impunidad de los crímenes cometidos bajo el amparo del poder estatal.

Diez razones que hacen inaceptable la Ley de Amnistía de 2019 (Ley número 996)


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Diez razones que hacen inaceptable la Ley de Amnistía de 2019 (Ley número 996)

Decálogo que resume los motivos para rechazar la ley de amnistía, aprobada en junio de 2019 por el Gobierno nicaragüense, expuestos en el documento de «La Ley de amnistía de 2019 (Ley número 996 de Nicaragua): una norma que promueve la injusticia». Este documento es el tercero de la serie sobre la promoción de justicia en Nicaragua que está elaborando la CJN.

En él se exponen algunas consideraciones sobre esta ley de impunidad, y se destacan los efectos que su aplicación está teniendo sobre quienes han sido víctimas de persecución por medio del sistema judicial

El Estado ha utilizado algunas disposiciones de la Ley número 996 para dar un trámite alternativo a procesos penales que él mismo usó como herramienta de persecución de la disidencia. Una amnistía para personas represaliadas por el Gobierno no es una medida adecuada para responder a la criminalización de la protesta social, a las detenciones arbitrarias y a otras violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la privación de libertad de estas personas. Además, la aplicación de dicha ley ha estado marcada por la arbitrariedad y una alta dosis de inseguridad e incertidumbre, lo que teje una situación jurídica que las mantiene sometidas a la amenaza del uso arbitrario del derecho penal por parte del Estado.  

Más preocupante aún, si cabe, es que la Ley número 996 también erige un obstáculo total a cualquier pretensión de investigación o judicialización de conductas criminales cometidas entre el 18 de abril de 2018 y el 8 de junio de 2019 por parte de agentes estatales, funcionarios públicos y particulares que se desempeñaron al amparo del Estado. Por tanto, es una ley que avala oficialmente la impunidad de los crímenes cometidos bajo el amparo del poder estatal.

INFORME |La búsqueda de justicia: una ruta delineada por las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense


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La búsqueda de justicia: una ruta delineada por las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense

En Nicaragua en el 2000 se produjo un pacto entre caudillos políticos que repartió los puestos judiciales entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Esto supuso una estocada al Estado de derecho. Desde ese momento, el sistema de administración de justicia se convirtió abiertamente en parte del botín que se reparten los dos principales partidos, perdió su carácter de garante de los derechos ciudadanos y cambió la universalidad por el particularismo, en favor de personas adscritas a determinadas corrientes políticas. Su consecuencia inmediata fue la derogación de facto del artículo 27 de la Constitución de la República que consigna la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección y protege contra la discriminación por motivos políticos.

De aquellas componendas, emanan los quebrantamientos de principios básicos del Estado de derecho y las diversas situaciones de abuso de poder producidas en 2018 durante la represión a las protestas sociales iniciadas en abril de ese año. En ese momento –y hasta ahora– el Poder Judicial, lejos de cumplir con su mandato de protección de los derechos ciudadanos, ejerció como una pieza más del engranaje represivo del gobierno de Daniel Ortega.

El nivel de desprotección de la ciudadanía en Nicaragua es sumamente grave. El poder judicial, que debería brindar recursos efectivos de protección de derechos, participa de la dinámica de persecución y victimización desplegada por el régimen. Además, esta dinámica represiva y de cooptación del Estado y sus instituciones ha provocado una profunda polarización, temor y desconfianza.

Nuestra demanda o exigencia de justicia está basada en las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. No es un reclamo partidista ni forma parte de un arsenal de negociación. Tampoco es un llamado a la venganza o la revancha.

INFORME | Terminar con los pactos y las amnistías como mecanismos de transición


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Terminar con los pactos y las amnistías como mecanismos de transición

La Coalición por la Justicia en Nicaragua (en adelante Coalición o CJN) es una iniciativa de coordinación y actuación conjunta de organizaciones nicaragüenses, con el respaldo de organizaciones internacionales, que demanda la puesta en marcha de procesos de rendición de cuentas en relación con los eventos de abuso de poder, de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que acontecen en Nicaragua, especialmente los sucedidos a partir de abril de 2018. Con base en la motivación compartida de contribuir a la materialización y la satisfacción de los derechos de las personas y las comunidades victimas de la represión y la violencia institucional en Nicaragua, la Coalición surge como una plataforma o un techo común de coordinación que, partiendo de la autonomía de cada una de las organizaciones participantes, tiene como objetivo poner en marcha acciones conjuntas que promuevan la justicia en Nicaragua.

El deber de investigar y sancionar a las personas responsables de los crímenes y la necesidad de establecer mecanismos y recursos efectivos de justicia y de rendición de cuentas para satisfacer los derechos de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos hacen parte de las obligaciones internacionales de Estado nicaragüense. Diferentes expresiones de la sociedad nicaragüense se han unido en la formulación de un reclamo robusto de justicia que debe ser defendido a cabalidad, ser protegido de la desnaturalización que puede resultar de su politización o instrumentalización, y ser llevado a la práctica. Este es un objetivo complejo que cuenta con oposición activa y muchos obstáculos, incluyendo la inercia que se deriva del paso del tiempo.

Consideradas las condiciones en Nicaragua y de las personas que fueron forzadas al exilio, los miembros de la CJN han decidido juntar esfuerzos para confrontar la negación de los hechos y de la responsabilidad oficial, promover el reconocimiento de las víctimas, y fortalecer un proceso social de reclamación de justicia. La CJN promoverá acciones concertadas a mediano y a largo plazo que, por medios programáticos, logren hacer frente a los constreñimientos y obstáculos que reducen el campo de la acción cívica en Nicaragua, pongan en marcha acciones que procuren justicia, y cimienten las bases para un proceso robusto de rendición de cuentas liderado por nicaragüenses.

Con este texto iniciamos una serie de documentos de trabajo que abordarán distintas dimensiones de los problemas que han de confrontar las y los nicaragüenses para procurar que respondan por sus actos quienes sean responsables de las violaciones manifiestas, y para promover cambios y transformaciones que fortalezcan el Estado de derecho en Nicaragua. Las entregas se harán de manera gradual hasta finales de 2020, buscando generar debates y ofrecer pistas para evitar que la impunidad, nuevamente, tiña la historia institucional del país.