INFORME

La Ley de amnistía de 2019 (Ley número 996 de Nicaragua): una norma que promueve la injusticia

En junio de 2019, se aprobó en Nicaragua la denominada Ley de Amnistía (Ley número 996) en el marco de una convulsa coyuntura: crisis política y social, y criminalización de la protesta social.  Además, esta medida legal entró en vigor cuando se estaban produciendo una serie de excarcelaciones de personas que habían sido privadas de libertad de manera arbitraria –procesadas por conductas sin sustento penal o por ejercer sus derechos y libertades– desde que en abril de 2018 se iniciará un ciclo de protestas contra el régimen de Daniel Ortega.  

En este sentido, es importante destacar que el Estado ha utilizado algunas disposiciones de esta norma para dar un trámite alternativo a procesos penales que él mismo usó como herramienta de persecución de la disidencia. Una amnistía para personas represaliadas por el Gobierno no es una medida adecuada para responder a la criminalización de la protesta social, a las detenciones arbitrarias y a otras violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la privación de libertad de estas personas. Además, la aplicación de dicha ley ha estado marcada por la arbitrariedad y una alta dosis de inseguridad e incertidumbre, lo que teje una situación jurídica que las mantiene sometidas a la amenaza del uso arbitrario del derecho penal por parte del Estado.   

Más preocupante aún, si cabe, es que la Ley número 996 también erige un obstáculo total a cualquier pretensión de investigación o judicialización de conductas criminales cometidas entre el 18 de abril de 2018 y el 8 de junio de 2019 por parte de agentes estatales, funcionarios públicos y particulares que se desempeñaron al amparo del Estado. Por tanto, es una ley que avala oficialmente la impunidad de los crímenes cometidos bajo el amparo del poder estatal.