INFORME

La búsqueda de justicia: una ruta delineada por las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense

En Nicaragua en el 2000 se produjo un pacto entre caudillos políticos que repartió los puestos judiciales entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Esto supuso una estocada al Estado de derecho. Desde ese momento, el sistema de administración de justicia se convirtió abiertamente en parte del botín que se reparten los dos principales partidos, perdió su carácter de garante de los derechos ciudadanos y cambió la universalidad por el particularismo, en favor de personas adscritas a determinadas corrientes políticas. Su consecuencia inmediata fue la derogación de facto del artículo 27 de la Constitución de la República que consigna la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección y protege contra la discriminación por motivos políticos.

De aquellas componendas, emanan los quebrantamientos de principios básicos del Estado de derecho y las diversas situaciones de abuso de poder producidas en 2018 durante la represión a las protestas sociales iniciadas en abril de ese año. En ese momento –y hasta ahora– el Poder Judicial, lejos de cumplir con su mandato de protección de los derechos ciudadanos, ejerció como una pieza más del engranaje represivo del gobierno de Daniel Ortega.

El nivel de desprotección de la ciudadanía en Nicaragua es sumamente grave. El poder judicial, que debería brindar recursos efectivos de protección de derechos, participa de la dinámica de persecución y victimización desplegada por el régimen. Además, esta dinámica represiva y de cooptación del Estado y sus instituciones ha provocado una profunda polarización, temor y desconfianza.

Nuestra demanda o exigencia de justicia está basada en las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. No es un reclamo partidista ni forma parte de un arsenal de negociación. Tampoco es un llamado a la venganza o la revancha.