“En junio de 2019, se aprobó en Nicaragua la denominada Ley de Amnistía (Ley número 996) en el marco de una convulsa coyuntura: crisis política y social, y criminalización de la protesta social. Además, esta medida legal entró en vigor cuando se estaban produciendo una serie de excarcelaciones de personas que habían sido privadas de libertad de manera arbitraria –procesadas por conductas sin sustento penal o por ejercer sus derechos y libertades– desde que en abril de 2018 se iniciará un ciclo de protestas contra el régimen de Daniel Ortega”.


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